Proyecto de Reforma Laboral PRI-AN

Proyecto de Reforma Laboral PRI-AN
Coopela o Cuello. (Perujo)

lunes, 12 de noviembre de 2012

CSI: Sobre la Reforma Laboral en México


Afecta cambio a trabajadores, dicen sindicatos


Inder Bugarin

REFORMA


BRUSELAS.- La propuesta de reforma laboral en su formato actual representa un retroceso para México y una violación a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sostiene la Confederación Sindical Internacional (CSI).

El mayor movimiento sindical internacional sostiene que la reforma carece de consulta a los trabajadores, recorta la libertad sindical, aumenta la inestabilidad en las relaciones laborales y no atiende las demandas por una mejora de los derechos humanos de los trabajadores.

"Nos oponemos a este proyecto porque crea problemas en lugar de resolver problemas claves que durante mucho tiempo hemos identificado en México", señaló Jeffrey Vogt, asesor en temas laborales de la CSI, una organización que representa a 308 agrupaciones de 153 países.

"Con la propuesta de reforma laboral México retrocede en los derechos humanos de los trabajadores", aseguró.

Para la plataforma sindical con sede en Bruselas, el proceso para llegar a esta reforma no respetó el criterio de involucrar a empleadores, el gobierno y representantes de los sindicatos.

Afirma que el resultado fue un proyecto de ley que no reforzará el crecimiento económico, como aseguran los legisladores que la promueven, sino que, por el contrario, acotará los derechos de los trabajadores.

Vogt advirtió que la introducción de los contratos por hora no beneficiará al trabajador, puesto que se trata de un sistema diseñado para que reciban menos por su desempeño.

jueves, 8 de noviembre de 2012

La verdad sobre la transparencia sindical

Napoleón Gómez Urrutia
LA JORNADA

 

Hace 78 años, con la fundación del Sindicato Nacional de Mineros, este organismo histórico del movimiento obrero de México desarrolló una política que se caracteriza por su genuino apego a la autonomía sindical. Ante las condiciones cambiantes de la realidad mexicana, el sindicato de los mineros, fundado en la ciudad de Pachuca en 1934, mantuvo y desarrolló los diversos valores y principios del sindicalismo independiente y democrático.

La autonomía no es un simple concepto abstracto, sino una realidad actuante. Significa libertad de asociación sindical, defensa de los contratos colectivos de trabajo, derecho a la huelga, manejo autónomo de las elecciones internas del sindicato, tanto para la designación de sus dirigentes como para la de quienes lo representen en las diversas instancias de su función; uso responsable y también autónomo de los recursos económicos que los trabajadores afiliados entregan a la organización sindical para el sostenimiento de su lucha y para sus funciones administrativas, legales y políticas, así como transparencia total en el manejo de dichos recursos, la cual se da cada día pero sobre todo cada dos años, en el contexto de la convención general ordinaria que, con esa periodicidad, celebran los trabajadores.

La propuesta de reforma laboral de Felipe Calderón, de evidentes intenciones puramente patronales, significa un error político para el futuro inmediato, la cual contiene un capítulo especial sobre transparencia y rendición de cuentas para todos los sindicatos de México. En este tema, la propuesta de Calderón y el PAN significa una trampa en la que han caído casi todos los diputados y senadores, y no entienden que con ella este gobernante se empeña en mostrarse como un defensor de la democracia y de la transparencia sindicales. Nada más falso.

Un dato significativo para el Sindicato Minero es que, a pesar de que desde su nacimiento ha practicado invariablemente la rendición de cuentas y la transparencia, Calderón lo ha perseguido hasta niveles nunca antes vistos, con lo cual revela que está en la incongruencia total y en el doble lenguaje respecto de su declarada adhesión a la democracia sindical. Los estatutos del sindicato establecen claramente que los únicos a quienes compete conocer de estos asuntos son los propios trabajadores miembros, y de ninguna manera les atañe a terceros ajenos, trátese de funcionarios, políticos, gobiernos o empresas, pues los trabajadores mineros no son ingenuos ni ingresaron recientemente a la vida política o social. Es el principio de la autonomía sindical lo que Calderón y el PAN pretenden romper en esa parte de su propuesta. Y es lo que algunos legisladores de la izquierda y del PAN apoyan, sin bastarles que tanto los congresistas del mismo PAN con los del PRI hayan aprobado en las cámaras, en un 80 por ciento, una de las reformas más lesivas a los trabajadores mexicanos de cuantas se hayan presentado jamás.

De aceptarse en definitiva la postura calderonista de reformas laborales, junto con el ataque a la autonomía sindical, Calderón y el PAN obtendrían un triunfo inmerecido y carente de toda ética. Piden que los sindicatos obedientemente les rindan cuentas a ellos y a lo que denominan "la sociedad", pero en ningún momento han planteado que las empresas o el gobierno rindan cuentas similares o practiquen esa transparencia en todos los actos de su desempeño, también para que el país esté informado.

En su hipocresía ocultan el sentido engañoso de esta propuesta de reforma. Según sus autores, sólo las organizaciones de trabajadores, sin distingos de siglas de ninguna especie, actúan fuera de la ley. En cambio, sus acusadores y perseguidores de las empresas antisociales y del gobierno conservador ostentan ser moralmente perfectos y que sus acciones están siempre inscritas en la más absoluta legalidad, por lo cual no tienen por qué someterlas al escrutinio público externo, ya que en su conducta las prácticas de corrupción e impunidad que ejercen son algo que se debe premiar y no castigar. Que no se presuma que para efectuar esta rendición de cuentas existen leyes y autoridades hacendarias, porque siempre ha sido evidente que las más poderosas compañías, además de su reducida aportación al erario vía impuestos, son las que más evaden sus responsabilidades legales y tributarias. Hasta los gobiernos les perdonan adeudos multimillonarios y les regresan recursos fiscales en cada ejercicio anual. ¿En qué lugar de la propuesta calderonista hay el mínimo intento de equilibrar el tablero entre patrones y sindicatos?

Los gobiernos de derecha, los políticos sin escrúpulos y algunos patrones han estado actuando durante décadas como los defensores del gran capital y como los perseguidores despiadados de todos quienes nos hemos opuesto con dignidad a esa injusta política, tanto en el mundo sindical como en la arena social. Ahora que por fortuna está por irse Calderón del poder presidencial, ven que llegó el momento de arreciar su embestida. No sólo quieren una reforma laboral, sino que vaya acompañada por una contrarreforma sindical, que mete en la misma categoría a las organizaciones legítimas de trabajadores y las que luchan por los intereses de ellos y sus familias, y las que por su corrupción hace muchos decenios dejaron de ser sindicatos auténticos que defiendan los derechos de sus agremiados.

Esto ni siquiera lo advierten los legisladores, que se suman a la intención patronal de nulificar a todo sindicato. Pero la derecha sí sabe qué pretende, esto es, establecer en México un colosal campo de concentración y de explotación irracional de los trabajadores, donde no haya ni el menor rastro de organizaciones que los puedan defender.

Convención Nacional Sindical en Defensa de las Conquistas Laborales


 
 

 

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

PRESENTE

 

Días aciagos se ciernen sobre la clase trabajadora de nuestro país. En el Congreso de la Unión, donde debería velarse por los intereses populares, se fragua uno de los mayores atracos contra la gente que vive de su trabajo y contra sus organizaciones sindicales: la reforma neoliberal a la Ley Federal del Trabajo que por tanto tiempo buscó la patronal, a su gusto y medida, está en marcha.

Reunidos en esta gran Convención unitaria, en estos momentos difíciles, es lo que nos exigen las y los trabajadores mexicanos, las organizaciones sindicales participantes le decimos a los legisladores que rechazamos categóricamente dicha iniciativa de Reforma Laboral, ya que de consumarse esta “reforma”, los patrones tendrán las manos libres para contratar y despedir a su antojo, para expandir la simulación perversa de la tercerización, para contratar por hora de acuerdo a su conveniencia y en pocas palabras, para eliminar la estabilidad en el empleo, fomentar la precarización del trabajo y socavar tanto a la contratación colectiva como a la organización autónoma de los trabajadores.

En estas condiciones todos resultarán afectados, especialmente los jóvenes, quienes de aprobarse esta ley, serán condenados a pasar de un empleo a otro, sin acumular derechos es decir a contrataciones en condiciones de precariedad y sin la más mínima oportunidad de aspirar a un retiro digno. Más de 5 millones de jubilados y pensionados, por otra parte, resentirán el efecto combinado de la contrarreforma laboral y de los procesos en marcha de privatización de la seguridad social mexicana, lo que les augura un futuro incierto y bajo condiciones de pobreza, a causa de las raquíticas pensiones que perciben.

En lugar de poner un alto a las reiteradas violaciones patronales de los derechos laborales, se les encubre cambiando la ley. Legalizar lo ilegal es la divisa de una reforma que de ninguna manera impulsará el crecimiento del país y mucho menos el empleo digno; por el contrario, con ella, se profundiza la tendencia a convertir a México en el paraíso del trabajo precario, por medio de la reducción extrema del costo de la mano de obra. Todo ello para beneficio de los empresarios nacionales y extranjeros. No es entonces la competitividad, sino la servidumbre de las y los trabajadores lo que se busca en el fondo.

Por estas consideraciones, de ninguna manera podemos admitir el que se utilice la legítima reivindicación de mayor democracia y transparencia en los sindicatos como moneda de cambio para consentir la reducción o eliminación de los derechos fundamentales de los trabajadores.

Escoger entre la democracia sindical y los derechos humanos y laborales, como pretenden algunos medios que aprovechan la ocasión para hacer campaña en contra de los sindicatos, es una disyuntiva falsa que oculta el hecho de que el verdadero núcleo de la iniciativa que envió el Titular del Ejecutivo Federal, es la flexibilidad a ultranza y unilateral de las relaciones laborales. Así quedó demostrado cuando la Cámara de Diputados eliminó los capítulos vinculados a la democracia y transparencia, sin que ello molestara mayor cosa a los auténticos promotores de la reforma, como la COPARMEX, quienes incluso le exigieron a los senadores que aprobaran sin cambios la minuta de la Cámara Baja.

Sostenemos que para democratizar verdaderamente al mundo del trabajo, es necesario un amplio debate nacional en el que participen todas las vertientes del sindicalismo mexicano y en el que se consideren, entre otros temas, la democracia, la independencia y la transparencia de las organizaciones gremiales, la protección y fortalecimiento de las garantías individuales y colectivas de los trabajadores, el combate a la corrupción y antidemocracia en las instancias de impartición de justicia laboral, los derechos de la mujer trabajadora y de los jóvenes, así como la eliminación de toda forma de injerencia de los patrones y el gobierno en la vida interna de los sindicatos. En suma, democracia y transparencia para todas y todos con plenos derechos.

Esto es justamente lo opuesto al método que están utilizando en el Congreso para procesar, al vapor, la iniciativa gubernamental, por ello le preguntamos a los legisladores y a quienes promueven la contrarreforma laboral: ¿Cómo pueden hablar de democracia cuando en unos cuantos días, sin que mediara la más mínima consulta con los trabajadores y sus organizaciones, se pretenden eliminar las conquistas históricas, sociales y sindicales contenidas en nuestra Carta Magna, las que fueron producto de la primera revolución social del siglo XX?

No cabe duda, para finalizar, que la reforma que proyecta aprobar el Poder Legislativo es claramente anticonstitucional, ya que vulnera el espíritu y la esencia de lo establecido en los artículos Primero y 123 constitucionales, además de transgredir los convenios internacionales y las directrices de la OIT que protegen los derechos humanos y laborales de los trabajadores.

La Iniciativa de Reforma ha regresado a la Cámara de Diputados y aún es posible hacer oír nuestra voz para que quienes se dicen representantes populares midan las consecuencias de sus actos y no continúen con la polarización social. Que quede claro: los sindicalistas mexicanos no aceptamos ni aceptaremos que la aprobación de la contrarreforma laboral sea un hecho consumado. ¡Todavía es tiempo de actuar para detenerla o revertirla!

La lucha por defender las conquistas laborales y sindicales pasa a una etapa superior. Las Centrales, Frentes, Federaciones, Sindicatos y Secciones sindicales presentes, nos comprometemos a escalar nuestras acciones en todo el país y a nivel internacional e incrementar la organización de las y los trabajadores para la defensa de sus derechos, hoy en peligro.

Las diferencias que nos han distanciado en el pasado pasan a segundo término frente a la magnitud del reto que enfrentamos. Anunciamos, en consecuencia, que desarrollaremos la más amplia unidad en la acción para detener esta reforma laboral antiobrera que encarna la perdida de los derechos individuales y evitar que prospere cualquier otro proyecto que atente contra los intereses de los trabajadores y la nación.

Convocamos a todas las organizaciones sindicales dispuestas a defender los derechos de los trabajadores amenazados por la reforma neoliberal a sumarse al gran esfuerzo unitario que significa esta Convención Nacional Sindical y a las acciones que llevaremos a cabo en los próximos días de conformidad con el siguiente Plan de Acción:

1).      Integrar una Instancia de Coordinación Nacional con los dirigentes de nuestras organizaciones sindicales, que se encargará de definir las estrategias e implementar el Plan de Acción.

2).      Reforzar la campaña nacional en contra de la reforma patronal, utilizando todos los medios de comunicación; las redes sociales, el internet además de las formas tradicionales de comunicación, como mantas, carteles, volantes rechazando la pérdida de nuestros derechos laborales.

3).      Convocar a todos los trabajadores a una magna movilización ante la Cámara de Diputados el próximo jueves 8 de noviembre a partir de las 10 horas.

4).      Realizar una campaña internacional por la defensa de los derechos de los trabajadores con movilizaciones a partir del día 14 de Noviembre ante las embajadas de los países de la Unión Europea en solidaridad con las huelgas de nuestras organizaciones sindicales fraternas.

5).      Promover una amplia consulta nacional entre los miembros de nuestras organizaciones sindicales para evaluar la realización de un paro o huelga nacional el 20 de noviembre.

 

RECHAZAMOS EN SUS TÉRMINOS EL PROYECTO DE DECRETO DE REFORMA LABORAL

POR SU CARÁCTER REGRESIVO

 

México, D. F., a 7 de Noviembre del 2012.

 

UNIÓN NACIONAL DE LOS TRABAJADORES       UNT
FRENTE SINDICAL MEXICANO     FSM
CONFEDERACION REGIONAL OBRERA DE MEXICO    CROM
CONFEDERACION OBRERA REVOLUCIONARIA   COR
CONSEJO LABORAL DEL ESTADO DE MEXICO   CLEM
SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DEL GOBIERNO DEL D.F.    SUTGDF
SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE TRANSPORTES,
TRANSFORMACION, AVIACION, SERVICIOS Y SIMILARES.     SNTTTASS
CONFEDERACION DE OBREROS, CAMPESINOS Y EMPLEADOS DE MEXICO  COCEM
CONFEDERACION OBRERA DE MEXICO  COM
CONFEDERACION REVOLUCIONARIA DE OBREROS Y CAMPESINOS    CROC
FEDERACION DE SINDICATOS DE TRABAJADORES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS, MUNICIPIOS E INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DEL EDO. DE MEXICO.   SUTEYM
FEDERACION REVOLUCIONARIA DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES  FRET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

domingo, 4 de noviembre de 2012

Reforma laboral: la agenda democrática

 
Arturo Alcalde Justiniani
La Jornada 3 de noviembre de 2012
 
La noche del 23 de octubre pasado sucedió algo inesperado, los senadores priístas y del Partido Verde se vieron derrotados por una coalición emergente que mayoritariamente les imponía una agenda democrática para el mundo del trabajo. No se trataba tan sólo de una batalla legislativa perdida sino de una auténtica derrota moral, se vieron obligados a subir a la tribuna para defender la antidemocracia, la opacidad, la ausencia de voto libre y las prácticas viciosas que impiden a los trabajadores defender el valor de su trabajo, organizarse colectivamente y tener una vida digna.
 
La agenda que obtuvo la mayoría en el Senado se compone de cuatro apartados: el primero se refiere al acceso público a los contratos colectivos, estatutos y demás documentos que se depositan en las Juntas de Conciliación y Arbitraje y Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El carácter público de esta información ha sido claramente definido por los organismos especializados en la materia, mediante resoluciones firmes que, a pesar de haber sido combatidas por diversos gremios mediante amparos, no han logrado su revocación. También deben ser públicos los recursos que los sindicatos reciben del Estado, como lo han señalado estos organismos y la Auditoría Superior de la Federación. El razonamiento es elemental: si los recursos provienen de los ciudadanos, ellos tienen derecho a conocer su destino.

El segundo y tercer apartados se refieren a la rendición de cuentas y voto secreto, universal y directo para elegir a los representantes sindicales. Es también obvio que cualquiera que administre recursos de otros deba dar cuenta de su destino y que, al no hacerlo, incurra en responsabilidades; el problema es que en la realidad, muchos líderes sindicales consideran que el sindicato es un negocio propio y, en consecuencia, se resisten a compartir cualquier información.

Por lo que se refiere a la decisión de incluir el voto secreto en la ley, se parte del principio de que el voto sólo será libre si se emite con la garantía de privacidad para evitar la presión externa: así lo señala nuestro máximo tribunal de justicia en su jurisprudencia 150/2008 interpretando la Constitución y los convenios internacionales. En los razonamientos de esta decisión, la Corte expone un amplio conjunto de argumentos y criterios que fundan su decisión, en el sentido de que el voto debe ser secreto en el ámbito laboral para que se considere libre. El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desmintiendo a quienes afirman lo contrario, ha dejado clara constancia de que la regulación por la vía legislativa del voto secreto es totalmente compatible con el Convenio 87 de dicho organismo; sostener que es más democrático dejar que los trabajadores decidan si quieren o no voto secreto, es una argucia, ya que en la práctica vemos que esta decisión nunca recae en ellos.

El cuarto punto responde al derecho que tienen los trabajadores de decidir qué sindicato debe representar sus intereses en la firma de los contratos colectivos. Se trata del artículo 388 bis, el cual constituye sin duda, el tema más importante de esta agenda democrática, porque permite rescatar la contratación colectiva que está actualmente secuestrada por actos de imposición unilateral por parte de los patrones.
 
El artículo 388 bis establece que cuando un sindicato pretenda la firma de un contrato colectivo, la autoridad laboral debe consultar a los trabajadores si están conformes en que dicha organización represente sus intereses, pudiendo ellos manifestar que sea una organización distinta o que no desean pertenecer a sindicato alguno. Integrado un padrón confiable, se procede a una votación libre y secreta; el sindicato que resulte ganador será quien llevará a cabo las negociaciones del propio contrato y después de 10 días de concluidas éstas, sólo el sindicato que obtuvo la mayoría de votos podrá, ante la negativa del patrón, emplazar a huelga en los términos que señala la ley.

Esta consulta a los trabajadores, desde el punto de vista legal, no es nada nuevo, ya que el Artículo 388 actual señala las reglas que deben operar en la firma de los contratos colectivos cuando coexisten diversos sindicatos que pretenden esa firma, aclarando que corresponderá la celebración a aquél que obtenga la mayoría. La nueva disposición instrumenta este proceso de firma, el cual resulta fundamental, ya que en la práctica se ha retorcido el acceso al pacto colectivo, a través de un acto de designación por parte del patrón. En efecto, al constituirse una empresa, el propietario del negocio escoge al sindicato de su preferencia, simplemente firma el contrato colectivo y lo deposita sin consultar a trabajador alguno, de tal manera que los asalariados se ven obligados a pertenecer al gremio que decidió el patrón. Como consecuencia de ello, las centrales sindicales, con objeto de ser agraciadas con la decisión patronal, compiten en una especie de mercado, ofreciendo las más bajas condiciones de trabajo y recibiendo por ello, una gratificación. Con el tiempo, el abogado patronal opera como factor decisivo, convirtiendo a ésos líderes sindicales en una especie de subordinados. Así nacen los contratos colectivos de protección patronal que abarcan hoy más de 90 por ciento de los centros de trabajo.

Legitimar mediante la consulta a los trabajadores el acceso a la contratación colectiva, evita la creciente extorsión de delincuentes que, ostentando siglas sindicales, presionan a pequeñas y medianas empresas y a personas físicas, mediante emplazamientos a huelga, sin tener trabajadores, desprestigiando el valioso papel de los sindicatos auténticos.

Este artículo también responde a exigencias de diversos organismos internacionales que consideran que esta situación es violatoria de los convenios 87 y 98 de la OIT que tienen jerarquía jurídica superior a la propia Ley Federal del Trabajo; la queja mas reciente, la 2694, ha sido promovida por las formaciones gremiales más grandes del mundo que consideran que el actual modelo de simulación y corrupción que opera en nuestro país es un mal ejemplo para la comunidad internacional.

La importancia del tema se hace evidente por las fuertes presiones de grupos empresariales que buscan a toda costa que fracase esta agenda democrática. En los próximos días confirmaremos si lo logran.