La verdad sobre la transparencia sindical

Napoleón Gómez Urrutia

LA JORNADA

 

Hace 78 años, con la fundación del Sindicato Nacional de Mineros, este organismo histórico del movimiento obrero de México desarrolló una política que se caracteriza por su genuino apego a la autonomía sindical. Ante las condiciones cambiantes de la realidad mexicana, el sindicato de los mineros, fundado en la ciudad de Pachuca en 1934, mantuvo y desarrolló los diversos valores y principios del sindicalismo independiente y democrático.

La autonomía no es un simple concepto abstracto, sino una realidad actuante. Significa libertad de asociación sindical, defensa de los contratos colectivos de trabajo, derecho a la huelga, manejo autónomo de las elecciones internas del sindicato, tanto para la designación de sus dirigentes como para la de quienes lo representen en las diversas instancias de su función; uso responsable y también autónomo de los recursos económicos que los trabajadores afiliados entregan a la organización sindical para el sostenimiento de su lucha y para sus funciones administrativas, legales y políticas, así como transparencia total en el manejo de dichos recursos, la cual se da cada día pero sobre todo cada dos años, en el contexto de la convención general ordinaria que, con esa periodicidad, celebran los trabajadores.

La propuesta de reforma laboral de Felipe Calderón, de evidentes intenciones puramente patronales, significa un error político para el futuro inmediato, la cual contiene un capítulo especial sobre transparencia y rendición de cuentas para todos los sindicatos de México. En este tema, la propuesta de Calderón y el PAN significa una trampa en la que han caído casi todos los diputados y senadores, y no entienden que con ella este gobernante se empeña en mostrarse como un defensor de la democracia y de la transparencia sindicales. Nada más falso.

Un dato significativo para el Sindicato Minero es que, a pesar de que desde su nacimiento ha practicado invariablemente la rendición de cuentas y la transparencia, Calderón lo ha perseguido hasta niveles nunca antes vistos, con lo cual revela que está en la incongruencia total y en el doble lenguaje respecto de su declarada adhesión a la democracia sindical. Los estatutos del sindicato establecen claramente que los únicos a quienes compete conocer de estos asuntos son los propios trabajadores miembros, y de ninguna manera les atañe a terceros ajenos, trátese de funcionarios, políticos, gobiernos o empresas, pues los trabajadores mineros no son ingenuos ni ingresaron recientemente a la vida política o social. Es el principio de la autonomía sindical lo que Calderón y el PAN pretenden romper en esa parte de su propuesta. Y es lo que algunos legisladores de la izquierda y del PAN apoyan, sin bastarles que tanto los congresistas del mismo PAN con los del PRI hayan aprobado en las cámaras, en un 80 por ciento, una de las reformas más lesivas a los trabajadores mexicanos de cuantas se hayan presentado jamás.

De aceptarse en definitiva la postura calderonista de reformas laborales, junto con el ataque a la autonomía sindical, Calderón y el PAN obtendrían un triunfo inmerecido y carente de toda ética. Piden que los sindicatos obedientemente les rindan cuentas a ellos y a lo que denominan "la sociedad", pero en ningún momento han planteado que las empresas o el gobierno rindan cuentas similares o practiquen esa transparencia en todos los actos de su desempeño, también para que el país esté informado.

En su hipocresía ocultan el sentido engañoso de esta propuesta de reforma. Según sus autores, sólo las organizaciones de trabajadores, sin distingos de siglas de ninguna especie, actúan fuera de la ley. En cambio, sus acusadores y perseguidores de las empresas antisociales y del gobierno conservador ostentan ser moralmente perfectos y que sus acciones están siempre inscritas en la más absoluta legalidad, por lo cual no tienen por qué someterlas al escrutinio público externo, ya que en su conducta las prácticas de corrupción e impunidad que ejercen son algo que se debe premiar y no castigar. Que no se presuma que para efectuar esta rendición de cuentas existen leyes y autoridades hacendarias, porque siempre ha sido evidente que las más poderosas compañías, además de su reducida aportación al erario vía impuestos, son las que más evaden sus responsabilidades legales y tributarias. Hasta los gobiernos les perdonan adeudos multimillonarios y les regresan recursos fiscales en cada ejercicio anual. ¿En qué lugar de la propuesta calderonista hay el mínimo intento de equilibrar el tablero entre patrones y sindicatos?

Los gobiernos de derecha, los políticos sin escrúpulos y algunos patrones han estado actuando durante décadas como los defensores del gran capital y como los perseguidores despiadados de todos quienes nos hemos opuesto con dignidad a esa injusta política, tanto en el mundo sindical como en la arena social. Ahora que por fortuna está por irse Calderón del poder presidencial, ven que llegó el momento de arreciar su embestida. No sólo quieren una reforma laboral, sino que vaya acompañada por una contrarreforma sindical, que mete en la misma categoría a las organizaciones legítimas de trabajadores y las que luchan por los intereses de ellos y sus familias, y las que por su corrupción hace muchos decenios dejaron de ser sindicatos auténticos que defiendan los derechos de sus agremiados.

Esto ni siquiera lo advierten los legisladores, que se suman a la intención patronal de nulificar a todo sindicato. Pero la derecha sí sabe qué pretende, esto es, establecer en México un colosal campo de concentración y de explotación irracional de los trabajadores, donde no haya ni el menor rastro de organizaciones que los puedan defender.