Comunicado de Prensa
8 de enero de 2010
Aplica Junta Local de Conciliación y Arbitraje-DF criterios violatorios de derechos laborales de las y los trabajadores; exigimos intervención de la Suprema Corte
•· Trabajadoras y trabajadores de Atento call-center, los primeros afectados con la aplicación de facto de las medidas antisindicales
•· Hace caso omiso JLCA-DF de llamados a revocar la imposición de los criterio
La Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal (JLCA-DF), aplica ya en los hechos los “nuevos criterios” que, de manera anticonstitucional, impuso el 27 de octubre de 2011 y que representan una clara violación a los derechos humanos laborales de las y los trabajadores. Lo anterior a pesar de la cascada de amparos presentados en contra de ese decreto y que todavía siguen en proceso jurídico, por lo que exigimos la inmediata intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revoquen dichos criterios.
No obstante las múltiples denuncias, tanto a nivel nacional como internacional, en torno a que este decreto quebranta la libertad sindical de millones de personas, la JLCA-DF ha hecho oídos sordos a los reclamos de sindicatos y organizaciones para mantener una práctica cotidiana contraria a los intereses de las y los trabajadores.
Mediante el decreto se amplían los requisitos para formar sindicatos y se hacen requerimientos absurdos como que las nuevas organizaciones presenten testimonio notarial de la empresa en original o copia certificada, lo cual es imposible porque ninguna empresa proporcionara sus documentos para facilitar la formación de un sindicato. Ahora también es indispensable presentar la lista de empleados que quieran integrar una organización, con datos personales —como el domicilio—, identificación que podría costarles el empleo; además de que serán los trabajadores quienes deberán acreditar la relación laboral.
Para la toma de nota de un comité ejecutivo, la junta exige la actualización del padrón de socios, aunque las empresas no entregan en tiempo y forma la lista de los trabajadores activos; asimismo éstas pueden hacer despidos cuando los sindicatos soliciten este documento. De igual modo se incrementan los requisitos para la presentación de emplazamientos a huelga. Se dificulta el reconocimiento de la toma de nota y de la personalidad jurídica documento oficial sin el cual un sindicato no podrá emplazar a huelga. También se incrementan los requisitos para los emplazamientos por firma de contratos colectivos, revisión general, salarial o por violaciones y otros.
En relación con los recuentos para decidir a los representantes que administrarán el contrato colectivo, la JLCA-DF tendrá la facultad de utilizar el padrón que ofrezca la empresa; cuando es conocido que esos listados están amañados para favorecer a los patrones. Este es el caso de las y los trabajadores del call center Atento; primeros afectados por los “criterios” aprobados por la junta
La autoridad laboral del Distrito Federal ratificó y aplicó esos criterios en la demanda de titularidad del contrato colectivo que la Sección 187 Atento - Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, interpuso para combatir a un sindicato de protección patronal que hoy detenta la administración de dicho contrato. En su lucha por tener un sindicato democrático han llegado al proceso de recuento en tres ocasiones, 02 julio 2010, 31 de octubre y 9 de noviembre de 2011, sin embargo a los obstáculos burocráticos, corrupción y acoso de golpeadores que con apoyo de la empresa y complacencia de la autoridad laboral protegen a un sindicato de protección patronal denominado “Sindicato Progresista Justo Sierra”, se agregan los “criterios” que hacen prácticamente imposible el registro de un nuevo sindicato.
En total son 323 los nuevos “criterios” que no fueron producto de un proceso de consulta y atención de las necesidades de las y los trabajadores en su legítimo derecho de asociación en defensa de sus intereses, sino una imposición dictatorial de obstáculos a la sindicalización auténtica.
Estas arbitrariedades han encendido ya las voces de alarma en diversos sectores. A finales de noviembre la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se pronunció contra esta medida por medio de un punto de acuerdo presentado por los diputados José Arturo López Cándido y Ana Estela Aguirre y Juárez que en su resolutivo único exhorta al presidente titular de la Junta, Ramón Montaño Cuadra, a renunciar a la adopción, por parte de esa instancia, de nuevos criterios procesales que lesionan los derechos laborales suscritos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En virtud del caso omiso que la JLCA-DF ha hecho de los reclamos de las y los afectados y otros actores sociales a la revocación de los “criterios”, solicitamos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el caso a través de los amparos interpuestos contra el decreto del 27 de octubre.
Asimismo, el próximo martes, 10 de enero, entregaremos personalmente al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plascencia, una Queja por las violaciones a derechos humanos cometidas por la JLCA-DF. Invitamos a los sindicatos, organizaciones sociales y gremiales, a los académicos interesados, trabajadoras y trabajadores, así como a la sociedad civil en general al acto que se efectuará a las 12:00 horas en la sede la propia Comisión. (Av. Universidad 1449, col. Florida, pueblo de Axotla, delegación Álvaro Obregón, 01030 México Distrito Federal. Teléfono: 52295600, Metro Viveros)
Repentinamente, cuando se creía suspendida la intentona patronal de reformar en su favor la Ley Federal del Trabajo, las autoridades laborales de la ciudad de México asumieron de manera aún más ruda sus propuestas restrictivas, aprobándolas por conducto de una norma de carácter general y obligatorio para los trabajadores y trabajadoras de nuestra ciudad.
decreto, compuesto de 45 páginas a renglón seguido, emitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, sin tener facultades para ello, impone múltiples obstáculos a los trabajadores para obtener el registro de un sindicato, lograr el reconocimiento de una elección, ejercer la huelga o lograr un contrato colectivo auténtico. En contraste, al sector patronal se le otorgan todas las facilidades para imponer los sindicatos de su preferencia mediante los contratos colectivos de protección patronal. En ningún estado de la República, tampoco a escala federal, las autoridades laborales se han atrevido a fijar normas similares; penosamente se convierte a nuestra ciudad en el laboratorio de lo que el sector empresarial más conservador pretende implementar en el resto del país. Todo a contracorriente de las reformas constitucionales que buscan proteger y garantizar los derechos humanos laborales.
Del inmenso número de obstáculos, insalvables en la práctica, se destacan los relacionados con los emplazamientos a huelga para obtener la firma de un contrato colectivo y las reglas para cambiar de sindicato, conocidos como juicios de titularidad. Desde el inicio de las discusiones de la reforma laboral, los abogados de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), promotores fundamentales de este decreto, pusieron énfasis en esos dos temas, precisamente porque constituyen las únicas escapatorias con las que cuentan los trabajadores para sustraerse de la práctica común que permite a los empresarios imponer el sindicato de su preferencia. La maniobra es cerrar las únicas ventanas que han permitido el funcionamiento de un reducido número de sindicatos independientes en el ámbito local, esto es, en ramas de actividad que son competencia del gobierno de la ciudad, precisamente los sectores más necesitados de defensa y organización, que incluye a los trabajadores que se encuentran en condiciones más precarias, como la industria de la construcción, limpieza, confección y servicios.
Para inhibir el ejercicio de estos derechos fundamentales, la Coparmex ha inventado una triquiñuela consistente en condicionar a los sindicatos el cumplimiento de requisitos previos para dar trámite a sus gestiones; se les exige dar información y entregar documentación que permita a las empresas identificar a los trabajadores inconformes para reprimirlos a tiempo; por otro lado, la entrega de documentación reclamada depende de las propias empresas. Por ejemplo, los trabajadores que busquen quitar al sindicato patronal deberán informar sobre todos los nombres y categorías que existen en la empresa, delatar las personas que buscan el cambio de sindicato, obtener sus firmas, exhibir recibos de pago sellados, credenciales con fotografía y sello de la empresa y copia de documentación del IMSS de la que carecen los trabajadores; más aun, porque en las pequeñas y medianas industrias propias de la competencia local las relaciones laborales no están formalizadas a través de estos documentos.
¿Cómo lograron los abogados de la Coparmex embaucar a las autoridades y a los representantes obreros? Algunos funcionarios tienen antiguos intereses creados, otros con cierto grado de superficialidad lo entienden como una reforma administrativa deseable, porque reducirá el número de juicios y promociones; se escudan señalando que así lo quieren los patrones y representantes obreros; estos últimos, sometidos por los propios abogados empresariales porque su sobrevivencia depende de los contratos de protección que les proveen los propios representantes patronales.
La nueva norma se sustenta en criterios y jurisprudencias derogadas; resulta preocupante su fundamentación en la jurisprudencia 86/2000, referida a las facultades de las autoridades laborales en materia de toma de nota de elecciones gremiales, no vigente al aprobarse dichos criterios; el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio vida a la jurisprudencia 32/2011, en vigor a partir del 31 de agosto de este año, la cual es obligatoria para dicha junta. Tampoco parecen estar enterados de las jurisprudencias 14/2003 y 15/2003 que les impiden imponer los requisitos que consideran en este
Sindicatos democráticos, organizaciones no gubernamentales, la academia y, en general, interesados en un futuro laboral sustentado en la libertad y en la responsabilidad laboral, han reaccionado con firmeza contra este
La nueva norma se sustenta en criterios y jurisprudencias derogadas; resulta preocupante su fundamentación en la jurisprudencia 86/2000, referida a las facultades de las autoridades laborales en materia de toma de nota de elecciones gremiales, no vigente al aprobarse dichos criterios; el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio vida a la jurisprudencia 32/2011, en vigor a partir del 31 de agosto de este año, la cual es obligatoria para dicha junta. Tampoco parecen estar enterados de las jurisprudencias 14/2003 y 15/2003 que les impiden imponer los requisitos que consideran en este
decreto, por otro lado ignoran el criterio del máximo tribunal sobre el registro de sindicatos nacionales de competencia local cuya existencia cancelan de un plumazo. Son innumerables los instrumentos jurídicos ignorados, incluyendo el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, también de carácter obligatorio para la junta, el cual, en su artículo 3.2, impone a las autoridades públicas abstenerse de cualquier medida que restrinja el ejercicio de la libertad de asociación.
Sindicatos democráticos, organizaciones no gubernamentales, la academia y, en general, interesados en un futuro laboral sustentado en la libertad y en la responsabilidad laboral, han reaccionado con firmeza contra este
decretocon un plan de acción a escala nacional e internacional, exigiendo su revocación y un cambio de rumbo en la política laboral de nuestra ciudad.
